El debate sobre los bienes culturales en la era digital - Marcela Mazzei

“Linkear podría llegar a ser delito en la Argentina”, alertó Beatriz Busaniche, docente y miembro de la Fundación Vía Libre, si avanza el procesamiento de Taringa!, una de las comunidades online más populares de la Argentina. Lo dijo al iniciar una clase del Seminario Copyright/Copyleft sobre la cultura libre y el acceso al conocimiento en la era digital que tiene a cargo en la flamante sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Constitución. Allí, el jueves 26 de mayo hubo varios invitados y un caso de análisis: el procesamiento de los hermanos Matías y Hernán Botbol, dueños de Taringa!, porque a través de la comunidad se intercambian contenidos con derechos de autor. “Se busca una medida ejemplificadora”, arriesgó Busaniche, al presentar al panel.

En el aula abarrotada, Glenn Postolski, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y titular de la cátedra de Políticas y Planificación, mostró su postura: todas las tesinas que firma son publicadas con licencia Creative Commons. “Taringa! refleja un debate de quienes controlan la capacidad de generar una importante renta con el manejo de creaciones de la industria cultural”, prosiguió, planteando un problema crucial: el escenario es propenso a la transformación porque pone en tensión un modelo de negocios pero, a la vez, tiene que garantizar que los autores reciban retribución por su trabajo.

Para el matemático Enrique Chaparro, también de la Fundación Vía Libre, el caso Taringa! es desencadenante de una discusión mucho más profunda (ver “No nos pueden procesar a todos”) que pone en cuestión conceptos básicos como la propiedad y la creación. Con matices, ambos expusieron posturas críticas a lo que uno llama la “judicialización de prácticas sociales” y el otro “expropiación de la renta fundada en la amenaza de la fuerza”. Busaniche medió entre ambos, y propuso pensar modelos para producir cultura sin criminalizar. “Los que tienen una opinión diferente no aceptaron la invitación”, aclaró Chaparro.

“Copiar es una práctica social –aseveró Busaniche– todos podemos estar de acuerdo en que no es lo mismo bajar una película que robar un auto”, y anunció que evalúa lanzar una campaña contra la despenalización de la copia en Internet, como una de las tantas formas de poner en evidencia que “la ley no está acorde con nuestro tiempo tecnológico”, por eso la infringimos casi a diario y “lo que está en juego es Internet tal como la conocemos”.

“Taringa! es un lugar donde la gente comparte información, entre otras cosas links, incluso muchas bandas y sellos independientes lo usan como plataforma de promoción “, explicó Matías Botbol ante un auditorio atento de estudiantes, periodistas, geeks y académicos. Y relató el caso de un realizador amateur uruguayo que subió un corto animado y tuvo tanto éxito que terminó firmando un contrato por 40 mil dólares con un estudio de Los Ángeles sin siquiera un guión escrito. “La verdad que a nadie le gusta que le pasen cosas así, pero vimos que es una oportunidad para un cambio, porque las cosas que tienen que ver con Internet están en manos de los que menos entienden de Internet”, resumió al final del debate.

La acusación

El último 6 de mayo, los hermanos Botbol fueron procesados como “partícipes necesarios” del delito de violación a la propiedad intelectual por permitir que en Taringa! algunos de los 50 millones de usuarios que la visitan cada mes compartan, en forma de links, material protegido por el artículo 72 de la Ley 11.723, que data de 1933. El artículo establece que es delito editar, vender o reproducir por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente. Éstos últimos, los editores, fueron los que promovieron la demanda en 2009: las editoriales Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor S.R.L., Ediciones La Rocca S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Gradi S.A. y la Cámara Argentina del Libro.

Como descargo, los propietarios del sitio alegaron que es imposible para ellos comprobar si los contenidos que postean los usuarios violan los derechos de autor dada la magnitud del tráfico (20 mil posts diarios) y porque tampoco cuentan con los registros de propiedad intelectual para cotejar los datos. “Es una decisión de Taringa! no revelar datos de sus usuarios”, agregó Matías Botbol ante un auditorio que lo requirió personalmente cuando se habilitaron las preguntas. Como era técnicamente imposible ir contra los usuarios “que subieron la obra y los que la bajan”, en primera instancia la demanda no prosperó.

Pero según la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los responsables de la página “son al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud”, según el fallo del Centro de Información Judicial. Los usuarios comparten información en forma de links, en los que si otro usuario hace clic, accede a una Web externa donde se almacena información con derechos reservados: Taringa! ni siquiera alberga físicamente en sus servidores los contenidos ilegales –como ocurrió con Napster hace 10 años– sino que informan a través de hipervínculos que otros sitios están alojados determinados materiales.

Habrá un juicio y, como se trata de una demanda penal, en caso de condena las penas son de un mes a seis años de prisión. “Pero el Código Penal es taxativo: lo que no está tipificado no es delito”, aclara Busaniche, en un intento de mostrar que “están en busca de una medida ejemplificadora”, pero también que están en juego la libertad de expresión y, en definitiva, el acceso a la cultura.

El delito que cometemos todos

Si la ley penal es territorial y los servidores están en Estados Unidos o Rusia, ¿cuál sería la jurisdicción de estos delitos? ¿No hace Google lo mismo que Taringa! al indexar en su plataforma links de descarga sin importar qué hay en la descarga? ¿No hacemos lo mismo en Twitter o Facebook cada vez que compartimos un link? ¿Es un antecedente el caso de Virginia Da Cunha, la ex Bandana que llevó a juicio a Google y Yahoo! por ligar fotos suyas a sitios porno y cuya denuncia fue desestimada? ¿No hacen lo mismo los propios jueces en sus fallos cuando citan contenidos que otros escribieron para sus fundamentos (cuando sólo los artículos científicos están exentos)? El debate está abierto.

Originalmente en Ñ

Vía Salonkritik